ASF: un riesgo, contratos público-privados

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconocieron ante diputados que hay preocupación por los contratos públicos que no están sujetos al marco legal, como los que ampara la normatividad, entre ellos los de asociaciones público-privadas, de mecanismos de financiamiento alternativos y del régimen de empresas productivas del Estado.
Argumentaron que estas figuras han llegado a ser “mecanismos de simulación y operaciones que se traducen en defraudación de recursos del erario”.

Hay escasa claridad en el monto de inversión de los activos, el costo de financiamiento y los márgenes de utilidad para los participantes e, incluso, presentan secreto fiduciario, que en ocasiones limita su proceso de transparencia y revisión.
En la reunión, los diputados de la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, con Operaciones y Contratos de Infraestructura y Servicios de Particulares, externaron sus inquietudes sobre el caso de la empresa brasileña Odebrecht, los contratos con las asociaciones público-privadas y el caso de la compañía española OHL.
El presidente de esta instancia, diputado Waldo Fernández (PRD), sostuvo que en el país se han buscado estrategias para fomentar el desarrollo de la infraestructura, a través de formas de contratar este tipo de proyectos, de ahí que es fundamental conocer los resultados obtenidos.
Preguntó si se ha beneficiado a un grupo de empresas, en particular con la asignación de proyectos de infraestructura, como es el caso de OHL.

“Necesitamos conocer qué se está auditando y qué pasa con la obra concesionada en el segundo piso de la autopista México-Puebla”.
El diputado Pablo Basáñez (PRI) indicó que este diálogo busca ir a fondo de cualquier acto de corrupción, regidos por los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Aclaró que esta comisión coadyuvará con los esfuerzos de revisar la legalidad y el cumplimiento de los contratos de obras y de servicios otorgados por particulares a organismos descentralizados.

El Universal