Durante los trabajos de entrega-recepción, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca -quien asumió el cargo como gobernador el 1 de octubre- detectó que los elementos comisionados para la seguridad de ambos ex mandatarios priístas eran renovados cada seis meses.
Los oficios, cuya copia posee EL UNIVERSAL, revelan que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas asignó a los policías para realizar dichas funciones.
En los documentos fechados, en julio de 2014 y 2016, se puede constatar que elementos de la Dirección de la Policía Ministerial recibieron la instrucción para brindar seguridad a Yarrington y Hernández.
Incluso, se hace referencia a las armas a las armas de fuego, propiedad de la Procuraduría, asignadas a loa policías, con los debidos registros.
Debido a que ambos políticos cuentan con ordenes de captura, la información fue compartida con la Procuraduría General de la República(PGR) y el gobierno de Estados Unidos, para que sean integrados a las carpetas de investigación.
El reporte señala que ocho elementos fueron asignados a Tomás Yarrington Ruvalcaba y cuatro más a Eugenio Hernández Flores.
Los ex gobernadores son buscados por la administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y acusados por narcotrafico y lavado de dinero.