Héctor reducirá el desempleo y aumentará la competitividad

NUEVO LAREDO, Tam.- "Es una ofensa y una burla para la ciudadanía que el actual gobierno municipal gaste más de 500 millones de pesos al año en sueldos y salarios para funcionarios públicos, sobre todo cuando Nuevo Laredo tiene la más alta tasa de desempleo de Tamaulipas", señaló Héctor Canales González.
El candidato del PRI-PVEM-Nueva Alianza se comprometió a reducir el desempleo, a fomentar la cultura del emprendimiento y mejorar la competitividad de la ciudad a través de acciones como un seguro de desempleo por tres meses, un programa de crédito a la palabra sin intereses para micro emprendedores, investigación y propuesta de proyectos "Llave en mano" para inversionistas locales y foráneos, así como la revisión y actualización de los reglamentos municipales para mejorar las condiciones de apertura a las empresas.
Su Plan de Gobierno contempla la restauración de la mayoría ciudadana al Instituto de Competitividad y Comercio para que desde su seno se analice y se administre la reinversión del actual presupuesto en obra pública de recreación, equivalente a 170 millones de pesos en dos años.
También ciudadanizar el Fideicomiso del Puente III y utilizar los recursos derivado del peaje para su modernización y la gestión profesional de proyectos estratégicos como el cruce materiales peligrosos, la carretera nacional, el aeropuerto de carga, el recinto fiscalizado estratégico, el Puente 4-5, el cruce del ferrocarril y la eliminación de las vías ferroviarias de la ciudad.
El plan incluye una obra estratégica acorde con el Plan de Gran Visión 2040, como aumentar el porcentaje de calles pavimentadas de la ciudad, el reordenamiento del Centro Histórico de acuerdo al plan parcial aprobado, también un plan integral de movilidad urbana sustentable y un programa de construcción de terminales y vías confinadas para el transporte público de calidad.
Otras acciones de gobierno son disminuir sustancialmente el rezago en agua potable y drenaje sanitario, además de gestionar en definitiva la legalización de los actuales asentamientos irregulares.